Este artículo atiende a dos principios que están relacionados directamente con la educación superior, específicamente de nivel posgrado: la autonomía y la investigación. Ambos se relacionan directamente con el logro de la calidad educativa en este nivel educativo.

Comenzamos reconociendo la importancia de los actores educativos (estudiantes, egresados, profesores-investigadores y coordinadores) que con esfuerzo y compromiso abonan al logro de los objetivos que se trazan para la educación superior, en particular los que se establecen en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), reconocemos que sus esfuerzos han permitido el desarrollo de los programas de posgrado de calidad a la par que consolidan sus carreras como investigadores; todo esto en ocasiones a pesar de la dinámica institucional, desde donde pareciera que no se conocen las necesidades y realidades en las que funcionan los programas de posgrado, así como las condiciones institucionales y de infraestructura, bajo las cuales se realiza el trabajo cotidiano de investigación.

Hemos dividido inicialmente el texto en dos grandes apartados (autonomía universitaria y política pública para la mejora de la calidad educativa), para abordar aspectos esenciales que tienen relación estrecha con los dos principios mencionados; es importante recalcar que, a partir de ellos, recuperamos, a amanera de ejemplos, experiencias de la única institución pública en el estado de Chiapas que ostenta el reconocimiento de su autonomía, la UNACH.

Autonomía Universitaria

Al hablar de autonomía universitaria consideramos importante recordar algo de la historia, en México, por primera vez en 1917 el gobierno del Estado de Michoacán le otorga autonomía a la Universidad Michoacana, esto marcó una tendencia para otras universidades de nuestro país. Es de destacar que, desde 1914 se habían elaborado iniciativas para que se le otorgara esta misma condición legal a la Universidad Nacional, sin embargo, esto no sucedió sino hasta 1929. Tan importante es la autonomía que, siguiendo el modelo de las universidades, existen instituciones y organismos en nuestro país que se rigen por ésta (p. e. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Instituto Federal Electoral), sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrentan las universidades autónomas así como estas otras instituciones y organismos, es la relación estrecha que guardan con el Estado por el financiamiento que reciben de éste.

Con respecto a la autonomía y considerando la última reforma sobre el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la fracción VII se señala:

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación (DOF, martes 26 de febrero, 2013, pág. 3).

A continuación, abordamos la definición de autonomía universitaria y los aspectos que ésta involucra.

Conceptos y concepciones sobre autonomía universitaria

El concepto de autonomía universitaria ha sido abordado recientemente desde diversas miradas (Ibarra, 2015a; González, 2011; Ibarra, 2015b; Serrano y

González 2012; y Muñoz, 2014); por otro lado, González y Guadarrama (2009) definen la autonomía universitaria como el:

principio establecido en la Carta Magna, para otorgar una protección constitucional especial a la universidad pública, a fin de que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad (pág. 17).

Juan Ramón de la Fuente (2004, págs. 67-68), quien ha sido rector y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México sostiene que el Estado debe respetar “las formas de organización y gobierno de las universidades, y desde luego a sus valores supremos: la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la capacidad (…) para autogobernarse y administrar su patrimonio”.

Por su parte, la Legislación Universitaria de la UNACH, define la autonomía como:

la facultad que tiene la Universidad de gobernarse a sí misma y sustenta la libertad de cátedra e investigación del personal académico en el desarrollo de los programas y planes con base en la ley que expida el Poder Legislativo del Estado, único órgano político constitucional que tiene a su cargo la función legislativa en el ámbito local; (UNACH, 1989, pág. 2).

A partir de esto, entendemos que la autonomía universitaria es la capacidad que tienen las universidades públicas para establecer sus formas de gobernanza, así como las pautas de actuación de aquellos que participan de la vida institucional. Es indispensable entonces, que exista una Ley Orgánica y la configuración de reglamentos, estatutos y manuales particulares para ello. Gracias a la autonomía las universidades públicas del país pueden asignar funciones específicas a las autoridades universitarias o funcionarios institucionales a partir de sus necesidades particulares; diseñar e implementar sus propios planes y programas de estudio y los de seguimiento administrativo y académico; permite dotar a los docentes de la libertad académica y de investigación; derivada de esta, la universidad puede gestionar sus recursos y prestar servicios, establecer convenios con otras instituciones públicas y privadas para cumplir sus objetivos.

Aspectos jurídicos, académicos, administrativos y financieros

Martuscelli y Martínez (2013) sostienen que existen diversos aspectos de la autonomía universitaria: el jurídico, el académico, el administrativo o de gobierno y el financiero, de manera similar Muñoz (2014, pág. 69) menciona que existen “tres dimensiones distintas de la autonomía universitaria: académica, administrativa y legislativa”.

Sobre el aspecto jurídico estos autores dejan claro que las universidades autónomas tienen la capacidad de generar las disposiciones legales y reglas que rigen la vida institucional, considerando desde luego, el orden normativo del país.

Con respecto a la UNACH, de manera general podemos mencionar que, es una institución superior pública que desde su nacimiento ha ostentado la denominación de autónoma. Esta institución nació por decreto de la Legislatura del Estado, el 23 de octubre de 1974, ante la necesidad de contar con una institución rectora de la vida académica del Estado, y con la naturaleza jurídica de un organismo público descentralizado, autónomo, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación y del Estado, con apoyo en los principios de libertad de cátedra y de investigación, es decir se le concedió autonomía plena dentro de los límites de la Ley de su creación y para los fines señalados en la misma (UNACH, 1989, s/p).

La UNACH cuenta con una legislación universitaria propia, la cual está compuesta de: una Ley Orgánica (LO) que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el 16 de agosto de 1989, así como una modificación a ésta publicada en el mismo medio con fecha 31 de octubre 2014 y otros estatutos, reglamentos y manuales que de ella se derivan.

El aspecto académico tiene que ver con la libre elección de campos y temas de investigación, así como a los contenidos de la enseñanza, selección de teorías y metodologías para la indagación y la docencia; además de establecer los planes y programas de estudio, curriculares y extracurriculares, otorgar títulos, diplomas y reconocimientos, entre otros. El orden jurídico establece un sentido de lo académico al indicar la atención, el estudio y la búsqueda de solución a los problemas nacionales (Martuscelli y Martínez, 2013, pág. 20).

De igual modo, en el artículo 3° de la LO de la UNACH se menciona que “La autonomía universitaria garantiza el ejercicio pleno de la libertad de cátedra y de investigación, a todos los catedráticos e investigadores que presten sus servicios a la Universidad, en cumplimiento de sus planes y programas” (DOF, 1989, p. 5). Además, en el estatuto del personal académico se han contemplado la regulación de las actividades académico-administrativas que les competen al personal académico.

En cuanto al aspecto administrativo o de gobierno, desde las universidades públicas se determinan los reglamentos o estatutos que rigen la vida institucional de manera puntual, partiendo de la LO, considerando, además todos los aspectos que tienen que ver con lo académico, así como con lo administrativo, delimitando las funciones de las autoridades universitarias, del personal académico y administrativo, así como del proceso para el ingreso de nuevo personal y de los estudiantes.

Martuscelli y Martínez (2013), afirman que este aspecto permite a la universidad: definir su régimen interno, establecer sus propios estatutos y normatividad, adoptar la organización que más le convenga, crear sus órganos de gobierno y nombrar a sus autoridades; asimismo, señalar reglas de admisión de estudiantes y selección de personal académico y contrataciones (pág. 20).

Para el caso que nos ocupa, podemos decir que la UNACH cuenta con un Estatuto General en el que se señala que, “los órganos, atribuciones, procedimientos, derechos y obligaciones, el reconocimiento y estímulo a la actividad universitaria, así como las sanciones para aquellas conductas que destruyan o desvían la naturaleza y el trabajo universitario” (UNACH, 1996, pág. 4); además de un Estatuto del Personal Académico, Reglamento General de Investigación y Posgrado, Reglamento de Evaluación Profesional para los Egresados de la Universidad, Reglamento Interno del Honorable Consejo Universitario y los Criterios para la Selección de los Representantes del Consejo Técnico de las Dependencias, todos ellos publicados en la Gaceta Universitaria entre los años 1994 y 2008, entre otros que se han establecido en los años siguientes.

Finalmente, el aspecto financiero, que parte del reconocimiento que las universidades públicas no persiguen fines de lucro, conlleva a implementar estrategias para garantizar que los recursos con que cuenta sean suficientes para llevar a cabo las funciones universitarias. Es importante señalar, que en nuestro país el Estado está obligado a proporcionarle a las universidades públicas los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y a su vez las universidades promueven por otros medios la obtención de recursos extraordinarios.

La UNACH cuenta con apoyo financiero del gobierno del estado de Chiapas, así también, con los recursos generados a partir del pago de inscripción y colegiatura de los estudiantes, además, promueve la obtención de otros recursos de carácter internacional, federal, estatal y municipal a través de la gestión de convenios, participación de los docentes de la universidad en convocatorias que estén relacionadas con la investigación y en la cual exista financiamiento de por medio, además, de la prestación de servicios. Cabe resaltar que en la UNACH, desde la LO, se establecen pautas para el logro de sus objetivos considerando el aspecto económico, en este sentido en el Artículo 4° se establece que “La Universidad, para realizar sus fines, tendrá las siguientes facultades: I. Organizarse, de acuerdo con su situación económica y al amparo de su autonomía, para la realización de sus objetivos” (UNACH, 1989, pág. 6), esto es, que desde dentro de la universidad, son las autoridades universitarias quienes tienen la responsabilidad de distribuir de manera adecuada los recursos económicos con los que cuenta, de tal forma que se logren a cabalidad los objetivos de la institución.

Siguiendo con el tema, se garantiza la autonomía también, a partir de lo dispuesto en el artículo 5° de la misma Ley, ya que se establece la configuración del patrimonio de la universidad incluyendo:

I. Los ingresos y recuperaciones que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que realice en cumplimiento de su función académica, o en otras actividades que fortalezcan su condición patrimonial.

II. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o por disposición de la ley.

III. Los recursos económicos federales, estatales y municipales que se le aporten.

IV. Las donaciones, herencias, legados y demás aportaciones de particulares o instituciones públicas.

En ningún caso las aportaciones reseñadas en las fracciones anteriores, darán derecho a intervenir en los asuntos internos de la Universidad (UNACH, 1989, pág. 6).

El último párrafo del artículo 5°(subrayado por los autores) marca con claridad que, aunque la UNACH reciba patrimonio a través de la prestación de servicios, donaciones u otros medios, esto no implica que terceros puedan intervenir en la vida académica, si bien esto es cierto, también se observa es de alguna forma la alineación de las tareas y programas de la universidad en función de las recomendaciones internacionales y con ello en ocasiones dejan de lado las necesidades reales del contexto y de la vida universitaria.

A modo de cierre del apartado, podemos decir que, si bien es cierto que el carácter autónomo de la UNACH no está en discusión, encontramos que la vida universitaria en ocasiones se encuentra supeditada a reglamentos de otras instancias como el CONACyT (2015) o el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública (DOF, miércoles 28 de diciembre, 2016); esto se debe al financiamiento que ambas instancias proveen para promover la investigación como un medio el logro de la calidad educativa, el primero con la consolidación de los cuerpos académicos y el segundo evaluando y acreditando los programas de posgrado que ofrecen las IES. En el siguiente apartado ahondaremos más al respecto.

Política pública para la mejora de la calidad educativa

Aunque los gobiernos nacionales aún tienen la principal autoridad para desarrollar sus políticas públicas, la naturaleza de esta autoridad es distinta, y está influenciada considerablemente por la economía global, los cambios en las relaciones políticas globales y los patrones evolutivos de la comunicación global que transforman el sentido de identidad y de pertenencia de las personas. De ahí que hoy día en México se hagan propuestas sobre política pública en particular sobre política educativa que atienda a las observaciones de organismos internacionales.

Así en nuestro país, se habla de calidad educativa entendida ésta a partir de lo que plantean diferentes organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1991, citado en Palma 2008), para quien el concepto puede identificarse como “atributo o esencia definidora, grado de excelencia o valor relativo, lo bueno o excelente, rasgo o juicio no cuantificado” (pág. 86), así también se puede agregar lo que dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1990) en su Declaración mundial sobre Educación para Todos, en este documento se abordan tres conceptos subyacentes a la educación de calidad; el primero es la eficacia, que según el texto se logra cuando los alumnos aprenden lo que se supone deben aprender y que está establecido en los planes y programas de estudio, el segundo se refiere a la relevancia, en términos individuales y sociales, que es importante aprender, el tercero es el contexto, que tiene que ver con procesos y medios que el sistema educativo brinda a los estudiantes para el desarrollo de su aprendizaje.

Teniendo en cuenta este marco global, se observan una serie de modificaciones de política educativa mexicana, que en la actualidad se encuentra asentada en la reforma educativa que atraviesa a la educación básica y media superior, sin embargo, ésta alcanza a la educación superior a partir de lo propuesto en los proyectos académicos de las universidades. Hemos realizado una revisión desde la UNACH.

Calidad educativa e investigación

Calidad es un término que se ha convertido en protagonista del ámbito educativo en las últimas décadas en México, esto, gracias a las reformas educativas que desde hace algunos años se han implementado en los niveles educativos básico y medio superior, es también fuente de controversias, ya que al parecer no existe una definición concreta sobre calidad educativa a la que todos los actores y sistemas educativos puedan adscribirse, además, es necesario considerar que el concepto es multidimensional, ya que los procesos educativos se desenvuelven en múltiples dimensiones como son el sistema educativo, la escuela como institución, las aulas, el contexto, entre otras que se exploran por investigadores pero, que además son afectados por una variedad de factores endógenos y exógenos.

Es importante reconocer que la calidad educativa se ha convertido en una exigencia social a partir de la política educativa puesta en marcha a nivel internacional y en nuestro país, ya que se cree, que la educación pública tiene una deuda pendiente al respecto; dejando a un lado la controversia, es necesario asumir una postura sobre lo que entendemos por calidad educativa, particularmente desde la educación superior pública que es el caso que nos ocupa y desde la cual se menciona lo siguiente:

En la actualidad, la globalización nos obliga a pensar mundialmente, a cumplir con estándares de calidad, que se establecen en el ámbito internacional a partir de indicadores de excelencia en la productividad académica resultado de la investigación científica y tecnológica (UNACH, 2015, pág. 31).

Existen diversos autores que abordan el concepto de calidad educativa (Colella y Díaz, 2017; Pedraja-Rejas, y Rodríguez-Ponce, 2015 por citar algunos); encontramos definiciones como la de Medina y Villalobos (2006) para quien la educación de calidad es entendida como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta. Como puede verse, esta definición la podemos pensar desde la educación superior, ya que es ésta la última etapa en la que se prepara a los jóvenes para la vida laboral adulta.

Consideramos importante revisar desde la misma universidad el concepto de calidad educativa. Así pues, esta revisión nos lleva a anclar el concepto al logro de los objetivos que estas mismas instituciones se plantean, al respecto la UNACH propone en el Artículo 2 de su LO que sus objetivos son:

I. Impartir enseñanza superior para formar los profesionistas, investigadores, profesores, universitarios y técnicos que requiere el desarrollo económico y social del estado.

II. Organizar, desarrollar y fomentar la investigación científica y humanística, considerando las condiciones y problemas nacionales y, primordialmente, los del Estado de Chiapas; y

III. Extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura en todos los medios sociales de la comunidad que la sustenta (UNACH, 1989, pág. 5).

Estos objetivos siguen vigentes y se promueven a partir de los proyectos académicos que se asumen en cada período rectoral, es así que el proyecto académico actual (2014-2018) hace referencia al concepto de calidad educativa y la responsabilidad social e incluso los menciona como pilares fundamentales para el desarrollo de la universidad. La calidad se considera “un atributo indisoluble a sus actores, procesos, productos y servicios, cuyas características son: evaluación y acreditación, capacidad académica, competitividad académica y desarrollo integral del estudiante” (UNACH, 2015, pág. 31).

Estas características que se mencionan, hacen necesaria la presencia en la UNACH de instancias como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, (COPAES), el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), el PRODEP y el CONACyT a través, del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), es precisamente a través del último que el gobierno federal promueve la educación de calidad en el posgrado y del PRODEP la incorporación de los profesores de las Instituciones se Educación Superior (IES) a la investigación, a través de apoyar su profesionalización para que “alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno” (DOF, 2016, miércoles 28 de diciembre, pág. 16).

En el Proyecto Académico actual (2015) se menciona que se tienen registrados 919 PTC que equivalen al 42.8% del total de la planta docente, de acuerdo al informe trimestral del PRODEP correspondiente al segundo trimestre de 2017, solo 372 profesores de la UNACH tienen perfil PRODEP, lo que significa que aún hay mucho camino por andar al respecto, a pesar de todos los apoyos mencionados que oferta el PRODEP y la promoción de la docencia anclada a la investigación, ya que esta es una actividad esencial para la vida académica de las universidades, no se ha logrado que la mayoría de PTC consigan este perfil aún con todos los beneficios que esto implica.

Con relación al CONACyT, su influencia en la vida universitaria se observa en dos ámbitos, el primero tiene que ver directamente con los PTC y con el reconocimiento de éstos al acreditar el proceso de evaluación para ingresar al SNI. El segundo se vierte de manera directa en los estudiantes de los programas inscritos en el PNPC, al otorgar becas mensuales de manutención por lo que dure el período de estudios una vez que cubren todos los requisitos para ello, becas mixtas para la movilidad a otros programas educativos en instituciones mexicanas y extranjeras, además, están los otros apoyos que pueden recibir los profesores, estudiantes y la institución (éste se ve reflejado en la infraestructura y equipamiento) a través de la participación de los grupos de investigadores en convocatorias específicas como la de los Fondos Mixtos Constituidos (FOMIX) o en las convocatorias de Atención a Problemas Nacionales, por mencionar algunas.

Se observa con lo antes expuesto que, un aspecto esencial e indiscutible en la educación superior, es la investigación, esto queda incluso establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se afirma la necesidad de apoyar “la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura” (DOF, jueves 09 de febrero de 2012, pág. 2).

Con relación a lo mencionado, nos preguntamos, cuáles son las acciones específicas que implementa el Estado en favor de la investigación científica y tecnológica y en favor de la calidad educativa para IES; pareciera que la respuesta obvia es a través de instituciones o programas como CONACyT y PRODEP, sin embargo, consideramos que estos esfuerzos no son suficientes, menos en la época actual, en donde estas instancias han sido objeto de recortes presupuestales que repercuten directamente en las bolsas financieras de las convocatorias y en el número de proyectos de investigación que se aprueban en ellas, además de la disminución del número de becas nacionales y mixtas que son otorgados a los estudiantes de los posgrados inscritos en el PNPC, se suma a lo descrito la operación de los apoyos conseguidos, los cuales en su mayoría son producto de grupos reducidos de profesores-investigadores.

Siguiendo con la calidad creemos que, a pesar de que en las IES, en particular la UNACH, se reconoce sobre todo al CONACyT como la instancia por medio de la cual la institución puede hacerse de ciertos apoyos económicos, no se cuenta con la reglamentación institucional explicita que garantice que los posgrados que se abren en la institución cumplan con los requisitos que establece el PNPC, o bien que aquellos que ya están inscritos en este programa logren mantenerse y escalar en los cuatro niveles del PNPC-CONACyT (nueva creación, en desarrollo, consolidado y competencia internacional).

La UNACH cuenta con una experiencia de más de 30 años en cuanto a los programas de posgrado y ubican tres etapas para ello:

La primera que marca el surgimiento de programas de este nivel entre 1983 y 1999, en la que se presentaron un conjunto de problemas, algunos de los cuales se exacerbaron en los años siguientes, durante la segunda etapa, de expansión desordenada, que va de del año 2000 a 2007 y a los que durante el último lustro (2008-2013), tercera etapa de desarrollo del posgrado en la universidad, se les ha buscado solución, buscando responder a los lineamientos que establece el CONACyT para los posgrados de calidad nacional (Cabrera y Pons, 2013, pág. 5).

Hoy parece ser que el proceso se ha reiniciado de nueva cuenta, ya que se han reabierto programas que se habían desechado hace ya algunos años porque no contaban con las características mínimas necesarias para poder ser inscritos en el PNPC, este retroceso, al parecer tiene una relación estrecha con el precario sustento financiero que enfrentan algunas facultades de la UNACH y ven al posgrado como una alternativa para superar este problema.

A lo anterior se suma que con la aprobación de múltiples programas de posgrado en la UNACH (15 de los cuales están en el PNPC), ha generado una mayor pulverización de los recursos, principalmente los humanos, pues se ha favorecido la participación de algunos profesores en más de dos programas de posgrado (máximo permitido por el PNPC); cabe resaltar que al parecer esta práctica no es exclusiva de la UNACH, y creemos que obedece a los lineamiento que deben cumplir los profesores del Núcleo Básico de estos programas (PTC, SNI, por mencionar algunos).

Encontramos también, que el plan de mejora de algunos de estos programas, en lo que respecta a los compromisos institucionales no se cumple en su totalidad, sobre todo si se trata de compromisos como la contratación de PTC para los programas, así también, encontramos que la administración y el mantenimiento de la página web de los programas, no se realizan adecuadamente, y que son actualizadas con personal externo a la UNACH casi siempre cuando los programas van a ser evaluados nuevamente para su permanencia en el PNPC.

A pesar de todo lo mencionado, es necesario resaltar que, en muchos de estos programas, existe el compromiso de casi todos los que intervienen de manera directa en ellos (coordinadores y profesores-investigadores), que luchan constantemente para promover una nueva cultura institucional, que trasciende en la formación de nuevas generaciones de investigadores.